Desde mi rol como directora de PRM Llapemn, he sido testigo directo del profundo daño que estas experiencias provocan en la vida de niños, niñas y adolescentes. Las consecuencias no solo afectan su presente, sino que muchas veces dejan huellas permanentes en su salud mental, física y emocional. Frente a esta realidad, la activación de la red socio-comunitaria no puede seguir viéndose como un acto optativo o burocrático, sino más bien como una necesidad urgente y de responsabilidad compartida.
La ley chilena establece obligaciones claras en cuanto a la protección de la infancia. Sin embargo, la práctica nos demuestra que muchas veces estas obligaciones se diluyen entre instituciones que se traspasan la responsabilidad, mientras la comunidad permanece en silencio. Aquí es donde surge una interrogante trascendental: ¿estamos actuando por cumplir un mandato legal o por responder a la obligación ética y moral de proteger a nuestra niñez y adolescencia?
Personalmente, creo que ningún sistema legal puede ser verdaderamente efectivo si no está acompañado por un compromiso ético de la sociedad. La reparación real no se logra solo con intervenciones profesionales, sino también cuando la comunidad se hace presente, reconoce, acoge y participa activamente en el proceso de protección y restitución de derechos. El silencio, la omisión y la indiferencia, también vulneran.
Desde nuestra fundación, trabajamos para articular a los distintos actores locales; escuelas, jardines, centros de salud, organizaciones territoriales y convertirlos en agentes activos de protección. Hemos comprobado que cuando logramos instalar el sentido de corresponsabilidad, las rutas de atención se agilizan y las respuestas son más humanas, empáticas y eficaces. La red, cuando se activa desde el compromiso moral, cobra una importancia transformadora.
Por eso, no basta con cumplir la ley. La defensa de los derechos de la infancia requiere una mirada colectiva, ética y profundamente humana. Si queremos construir una sociedad que repare de verdad, debemos empezar por reconocer que, proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes, no es solo un deber legal, sino también un acto de conciencia, amor y de justicia social.
Por: Paz Vásquez Bravo, Directora PRM Llapemn.